En el ámbito penal, hay procedimientos que, por su frecuencia y sencillez probatoria, se resuelven con gran rapidez. Uno de los más comunes es el juicio rápido por alcoholemia, es decir, cuando una persona es denunciada por conducir bajo los efectos del alcohol o de otras sustancias.
A menudo, quienes se ven inmersos en este procedimiento no tienen antecedentes penales, jamás han tenido un problema con la justicia y se enfrentan de repente a una situación que puede marcar un antes y un después.
Se trata de un procedimiento penal simplificado y urgente que se aplica cuando el delito es claro, las pruebas son evidentes (por ejemplo, una tasa de alcohol verificada mediante etilómetro) y no es necesario realizar una investigación larga.
Normalmente, todo ocurre en muy poco tiempo: la persona es detenida o citada, pasa a disposición judicial, y puede incluso celebrarse el juicio en cuestión de horas o días.
El Código Penal, en su artículo 379.2, establece que comete delito quien conduce con una tasa superior a 0,60 mg/l en aire espirado o 1,2 g/l en sangre, o bien quien conduce bajo la influencia del alcohol o drogas, aunque la tasa sea inferior.
Esto quiere decir que no es solo una infracción administrativa: superar ese límite supone una conducta penalmente castigada.
Las penas, aunque puedan parecer leves en comparación con otros delitos, son graves en sus consecuencias:
En la mayoría de los casos, el procedimiento se resuelve mediante conformidad, es decir, el acusado reconoce los hechos y acepta la pena propuesta por el fiscal, que suele reducirse en un tercio.
Esto permite cerrar el proceso rápidamente y evitar un juicio más largo.
Sin embargo, esa rapidez no debe hacer olvidar la trascendencia del hecho: una condena penal deja antecedentes que pueden afectar a la vida laboral o personal, y que solo se cancelan pasado un tiempo.
Aunque el juicio rápido por alcoholemia está diseñado para ser un procedimiento ágil, siempre existe margen de defensa. No todos los casos son iguales, y hay situaciones en las que puede evitarse una condena penal y lograr que el asunto se archive o se tramite como una simple sanción administrativa.
Errores en la medición de la tasa, defectos en el etilómetro, ausencia de síntomas externos o vulneraciones en los derechos del conductor son aspectos que deben analizarse con detalle. Por eso, es fundamental contar con un abogado especializado que valore cada circunstancia antes de aceptar una conformidad.
Más allá de la multa o de los trabajos en beneficio de la comunidad, para muchos conductores la retirada del permiso de conducir durante un año (o más) es la sanción más difícil de asumir.
Perder el carnet implica, en la práctica, una pérdida de autonomía personal y profesional, especialmente para quienes dependen del coche para trabajar o cuidar de su familia.
Por eso, antes de firmar una conformidad o asumir una condena, conviene estudiar todas las opciones de defensa, pues las consecuencias van mucho más allá del momento del juicio.
Desde una perspectiva humana y profesional, conviene recordar que detrás de cada juicio rápido hay una persona que, en muchos casos, no es un delincuente habitual, sino alguien que cometió un error.
Un error que, por fortuna, no tuvo consecuencias mayores, pero que podría haberlas tenido.
Por eso, más allá de la sanción, el objetivo de estas medidas debe ser también educativo y preventivo: concienciar de que conducir bajo los efectos del alcohol o las drogas no solo pone en riesgo el propio futuro, sino también la vida de los demás.
El juicio rápido por alcoholemia es un procedimiento pensado para ser ágil, pero no por ello menos serio.
Asumir la responsabilidad, asesorarse adecuadamente y aprender de la experiencia son pasos esenciales para evitar que un error puntual se convierta en un problema duradero.
En CMB Abogados acompañamos a las personas en este tipo de procedimientos con profesionalidad, empatía y firmeza, porque entendemos que detrás de cada caso hay algo más que un expediente penal: hay una historia, y la posibilidad de empezar de nuevo.
